Ministerio de Consumo abre expediente sancionador a inmobiliaria por cláusulas potencialmente abusivas

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha puesto en marcha un procedimiento sancionador contra una empresa inmobiliaria que administra miles de propiedades residenciales en distintas regiones españolas. La investigación examina cuatro categorías diferentes de incumplimientos vinculados a condiciones potencialmente abusivas incorporadas en acuerdos de arrendamiento.

Entre los comportamientos bajo escrutinio figuran la obligación impuesta a arrendatarios de contratar un seguro contra el impago de rentas y la incorporación de una disposición que afirma la existencia de negociación individual en un contrato de adhesión. Asimismo, se analiza la aplicación de multas desproporcionadas por demoras en la entrega de inmuebles y la exigencia de costes y penalizaciones sin justificación apropiada relacionadas con servicios básicos y transmisiones de titularidad.

La administración ministerial sostiene que estas conductas podrían constituir términos abusivos y dar lugar a castigos de hasta un millón de euros en cada caso o equivalentes a entre seis y ocho veces la ganancia indebida conseguida.

La Dirección General de Consumo ha precisado que la iniciación del expediente no anticipa ni condiciona el desenlace definitivo del proceso investigador. Durante el mes de abril, Consumo ejecutó una penalización de 3,6 millones de euros contra Alquiler Seguro por múltiples conductas que menoscababan la protección de usuarios. La empresa fue hallada responsable de cometer seis transgresiones de extrema gravedad y una de carácter grave, aprovechando su poder de mercado preponderante. Esta decisión adquirirá carácter definitivo una vez agotados los recursos administrativos, tras la denegación del recurso de apelación presentado ante el titular de la cartera de Consumo, Pablo Bustinduy.