La Policía solicita información a Inteligencia Prospectiva tras imposibilidad de registrar sus oficinas

La Policía Nacional ha dirigido un requerimiento de información a Inteligencia Prospectiva tras encontrarse con obstáculos para cumplimentar una orden de registro dictada por el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional. Los agentes adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal descubrieron que las instalaciones de la empresa ubicadas en Paseo de la Habana, en Madrid, estaban en plena remodelación y carecían de personal presente.

En respuesta a esta situación, las autoridades procedieron a cursar el requerimiento de información como alternativa al mandato judicial que no pudo ejecutarse. El operativo ordenado por el magistrado también incluía registros en tres ubicaciones adicionales, entre ellas el despacho del exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero. Durante la intervención realizada en la calle Ferraz, donde se ubica la sede nacional del PSOE, los efectivos policiales incautaron diversos dispositivos de almacenamiento y documentación de relevancia para la causa.

El auto judicial señala a Inteligencia Prospectiva como una de las entidades implicadas en el desvío de recursos hacia Análisis Relevante, sociedad mercantil propiedad de Julio Martínez Martínez, identificado como allegado cercano de Zapatero. Martínez Martínez fue detenido en el mes de diciembre del año anterior. Conforme a la investigación, Análisis Relevante habría fungido como instrumento en una presunta estructura de influencia indebida capitaneada por el expresidente español, quien ha rechazado las acusaciones en su contra.

La Audiencia Nacional cuestiona la operativa financiera de Inteligencia Prospectiva, considerando que resulta incompatible con los volúmenes de facturación que la compañía ha reportado en sus declaraciones.

Según el informe remitido por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Administración Tributaria, la empresa registró movimientos por más de 2,6 millones de euros en el período comprendido entre 2020 y 2025. Esta cifra contrasta marcadamente con un balance negativo y unos ingresos comerciales prácticamente nulos durante los primeros ejercicios de actividad. La investigación subraya que la compañía no ha presentado solicitudes de reintegro de impuesto sobre el valor añadido a pesar de su situación patrimonial desfavorable.

El magistrado Calama imputa a Zapatero la dirección de una red de tráfico de influencias, por cuya actividad él y sus descendientes habrían percibido aproximadamente dos millones de euros. Asimismo, se señala que el expresidente constituyó estructuras empresariales radicadas fuera del territorio nacional. En comunicaciones entre directivos de Plus Ultra, Zapatero aparece mencionado como figura determinante durante el proceso de apoyo financiero autorizado por la Administración de Pedro Sánchez en el transcurso de la pandemia.

La investigación ha contado con el apoyo crucial de la agencia estadounidense Homeland Security Investigations, conforme ha manifestado el juez Calama. Zapatero compareció ante la Audiencia Nacional en calidad de investigado el 2 de junio.