La Comunidad Valenciana exige al Ejecutivo cumplir la sentencia del Supremo sobre alquileres turísticos

Marián Cano, consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, ha requerido al Gobierno que ejecute de forma inmediata la resolución del Tribunal Supremo que deja sin efecto el registro de alquileres de corta duración. La funcionaria ha solicitado que se abra una mesa de negociación con las comunidades autónomas para establecer un mecanismo de coordinación que facilite la persecución de la actividad ilegal sin afectar a los operadores que respetan la normativa vigente.

Mediante un comunicado, Cano ha expresado su respaldo a la sentencia del Supremo, que estima parcialmente el recurso presentado por la Generalitat Valenciana contra el Real Decreto 1312/2024. Este decreto regulaba el Registro Único de arrendamientos de corta duración, dirigido a viviendas de uso turístico y alquileres gestionados mediante plataformas digitales, e instituía la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. El recurso autonómico se basaba en la argumentación de que la norma reproducía procedimientos y superaba las atribuciones del Estado en materia de turismo.

El Tribunal Supremo ha confirmado que el sistema promovido por el Ejecutivo provocaba solapamientos, incertidumbre legal e interferencias con las competencias de las autonomías en turismo.

La consellera subrayó que la Comunidad Valenciana dispone de un registro autonómico operacional para viviendas destinadas al turismo, que proporciona supervisión de la actividad, identificación de los inmuebles y certeza legal en el mercado. Cano indicó que tanto la Generalitat como organismos europeos habían advertido acerca de la incompatibilidad de someter una propiedad a más de un trámite de registro obligatorio, recordando que la normativa comunitaria no impone un registro centralizado y veda las duplicaciones sobre un mismo bien.

La consellera señaló que combatir el ejercicio fraudulento de alquileres turísticos requiere cooperación entre instituciones y respeto de las delimitaciones competenciales, evitando crear sistemas paralelos que multiplicaran registros ya existentes. Cano recalcó que la Unión Europea promueve la interoperabilidad de información en lugar de la proliferación de registros y procedimientos administrativos.

Pese a la sentencia, Cano precisó que permanecen vigentes la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, junto con las obligaciones de suministro de información por parte de las plataformas digitales e intercambio de datos para propósitos estadísticos, funciones que el Tribunal Supremo reconoce como propias del Estado.