Gestha demanda medidas urgentes para fortalecer la transparencia institucional tras escándalo de Plus Ultra

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha presentado una batería de propuestas para reforzar los mecanismos de control y transparencia en la administración pública. La iniciativa responde a los recientes procedimientos judiciales vinculados al caso Plus Ultra.

Desde la organización sindical advierten que la opacidad que rodea los vínculos entre grandes actores económicos y autoridades públicas socava la legitimidad de las instituciones ante la ciudadanía. Por ello, consideran fundamental implementar cambios legislativos en materia de regulación de actividades de influencia, publicidad de gestión, responsabilidad institucional y restricciones de compatibilidad de cargos.

Propuestas para mayor rendición de cuentas

Entre las medidas concretas que Gestha propone se encuentra la obligatoriedad de divulgar agendas sin limitaciones. La organización aboga por la constitución de un registro público centralizado de grupos de interés, supervisado por la Oficina de Conflictos de Intereses.

Asimismo, plantean la adopción de un código vinculante para los profesionales del cabildeo, que establezca normas rigurosas de conducta ética, prohiba la entrega de obsequios a funcionarios y garantice la visibilidad de cualquier incumplimiento de estas reglas.

Restricciones tras la salida de cargos

El sindicato subraya la conveniencia de endurecer las incompatibilidades aplicables después de que altos directivos y servidores públicos dejen sus puestos, evitando que participen en gestiones de influencia ligadas a sus anteriores responsabilidades laborales.

Igualmente, enfatiza la importancia de hacer accesibles las agendas y expedientes de funcionarios de rango superior, con detalle de encuentros, asuntos tratados y materiales intercambiados.

Fortalecimiento de órganos supervisores

Las propuestas de Gestha incluyen además el robustecimiento de las instituciones de vigilancia y control, la fundación de una entidad autónoma dedicada a la integridad pública, la extensión de los períodos de caducidad para delitos de corrupción, y mecanismos para recuperar bienes desviados condicionando beneficios en materia penitenciaria.

La organización también sugiere la incorporación de sistemas de inteligencia artificial para identificar potenciales conflictos de interés y la obligatoriedad de diseñar estrategias institucionales de prevención de fraude.