Fevitur prepara demanda por 160 millones de euros contra el Estado tras anulación del registro turístico

La Federación Española de Asociaciones de Viviendas de Uso Turístico (Fevitur) valora presentar una reclamación patrimonial de hasta 160 millones de euros contra el Estado como consecuencia de la resolución del Tribunal Supremo que invalidó el Registro Único de Arrendamientos de corta duración.

El tribunal supremo determinó que el Estado carecía de competencia para constituir el registro estatal en la forma establecida. Según la federación, esta decisión ha originado un sistema de fiscalización duplicada sobre inmuebles ya sujetos a registros de las comunidades autónomas, generando reducción de reservas, costes extraordinarios e incertidumbre en la operativa empresarial. El daño económico agregado para el sector podría alcanzar los 160 millones de euros, lo que representa un perjuicio promedio de aproximadamente 33.000 euros por propietario perjudicado.

Silvia Blasco, presidenta tanto de Fevitur como de la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de la Comunidad Valenciana (Apturcv), ha señalado que la sentencia tiene repercusiones para miles de propietarios y operadores que funcionaban conforme a la regulación autonómica existente. Blasco ha subrayado que el conflicto no surge de la normativa que regula los alquileres turísticos ni del cumplimiento de requisitos comunitarios, sino de la implantación de un marco estatal que resultó ser "jurídicamente débil", dificultando el acceso a los canales comerciales.

Fevitur sostiene que la legislación comunitaria buscaba fortalecer la coordinación entre administraciones y mejorar la calidad informativa, mientras que el mecanismo estatal implementó un sistema de registro que funcionó como barrera para la comercialización online de alojamientos turísticos. La organización continúa recopilando pruebas y antecedentes para cuantificar los menoscabos experimentados por los prestadores de servicios, con la intención de formalizar reclamaciones ante las autoridades estatales.

Fevitur considera necesario replantear los sistemas de coordinación administrativa en el sector del alquiler vacacional a la luz del fallo judicial.