La Corte Suprema confirma la vigencia del programa de regularización de extranjeros

El Tribunal Supremo ha rechazado los pedidos de paralización cautelar dirigidos contra la regularización extraordinaria de migrantes que el Gobierno puso en marcha el 14 de abril. Varias organizaciones y entidades políticas, incluyendo Vox, la Comunidad de Madrid, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, y Libertad y Justicia, habían solicitado esta medida de emergencia.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo dedicó más de tres horas a deliberar el asunto, escuchando los argumentos tanto de los recurrentes como de la Abogacía del Estado antes de emitir su fallo. Mientras que los recursos de Hazte Oír y las dos asociaciones restantes fueron declarados inadmisibles por carecer de legitimación activa, las demandas de Vox y la Comunidad de Madrid sí fueron aceptadas a trámite, aunque sin éxito en su objetivo de suspender el decreto.

El tribunal comunicará los detalles de estos autos en los próximos días. La defensa estatal argumentó que no concurrían los requisitos necesarios para una suspensión cautelar, enfatizando que tal medida impactaría directamente los derechos fundamentales de los migrantes en cuestión y el interés colectivo de la nación. Además, precisó que quienes se benefician de esta regularización no podrán participar en futuras convocatorias electorales.

El abogado representante de Vox sostuvo que la iniciativa gubernamental podría desestabilizar el panorama político, electoral y administrativo nacional dado el número significativo de extranjeros que accederían a la residencia legal. Por su parte, el letrado de Hazte Oír cuestionó la solidez jurídica del decreto, argumentando una posible vulneración de la normativa sobre extranjería.

Desde su inicio el 16 de abril hasta la fecha, el proceso de regularización ha generado 549.596 solicitudes de extranjeros. El programa tiene previsto cerrarse el 30 de junio. La medida surgió tras un extenso debate en la sociedad y la esfera política, basándose en una iniciativa legislativa popular impulsada por organizaciones de la sociedad civil y grupos defensores de derechos humanos que demandaban la regularización excepcional de migrantes ya asentados en territorio español. Aunque esta propuesta gozó de respaldo significativo en el Congreso, su tramitación avanzó de manera gradual hasta concretarse en el actual programa ejecutado por el Gobierno.