Juez autoriza participación de PP, Vox y Hazte Oír en investigación del caso Plus Ultra

El magistrado José Luis Calama de la Audiencia Nacional ha resuelto aceptar la participación del Partido Popular, Vox y Hazte Oír como acusadores populares en la investigación denominada "caso Plus Ultra", que tiene como objeto examinar las conductas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien enfrenta acusaciones por presuntos delitos de tráfico de influencias y otros cargos relacionados.

En su resolución, el juez ha propuesto la posibilidad de consolidar las distintas acusaciones populares y ha otorgado un plazo de dos días para que tanto la Fiscalía como las partes involucradas presenten sus posiciones respecto a esta medida procesal.

Además de las tres entidades ya admitidas, existen cinco organizaciones adicionales en trámite de personación formal. La conclusión de sus procedimientos depende de la resolución de cuestiones procesales pendientes y de la presentación de las garantías financieras exigidas. Entre estas se encuentran Manos Limpias, Iustitia Europa y otras asociaciones cuyos trámites continúan en curso. Asimismo, Calama ha designado al letrado Víctor Moreno Catena para actuar como defensor legal de Zapatero en este procedimiento.

El expresidente comparecerá ante el juzgado el próximo 2 de junio en condición de investigado, debiendo responder por acusaciones que comprenden tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

De acuerdo con la investigación judicial, se presume que Zapatero habría liderado una organización criminal especializada en tráfico de influencias, utilizando estructuras empresariales intermediarias y mecanismos financieros opacos para disimular la procedencia y destino de los recursos económicos. El magistrado examina específicamente la participación del expresidente en la operación de rescate de 53 millones de euros destinados a la compañía aérea Plus Ultra, supuestamente a cambio de la percepción de comisiones indebidas.

Conforme al auto de imputación, se alega que personas vinculadas al antiguo mandatario socialista recibieron aproximadamente dos millones de euros tras la intervención en el salvamento de Plus Ultra. Según consta en la causa, una porción de estos fondos habría transitado por la firma Análisis Relevante, cuyo propietario es Julio Martínez Martínez, allegado del exmandatario y también investigado por supuestos servicios de asesoría que la instrucción considera ficticios.