Junts cuestiona ante el Gobierno la actuación de Hacienda en el caso Shakira

Junts per Catalunya ha dirigido un conjunto de cuestiones parlamentarias al Gobierno a través de ambas cámaras legislativas, demandando precisiones respecto a lo que la formación caracteriza como "abusos" cometidos por la Administración tributaria en su gestión del procedimiento contra la artista Shakira.

La iniciativa parlamentaria se produce tras la decisión de la Audiencia Nacional de revocar una resolución de la Agencia Tributaria referida a la condición de residente fiscal de la cantante durante 2011. El tribunal determinó que Shakira no ostentaba esa condición en territorio español ese año, rechazando así la posición mantenida por Hacienda que pretendía obligarla a tributar en el país.

Como resultado de esta sentencia, corresponde devolver a la artista más de 55 millones de euros. Con anterioridad, Shakira había desembolsado 14,5 millones de euros en concepto de cuota tributaria, además de tres millones en intereses, relativos a los períodos fiscales comprendidos entre 2012 y 2014.

Para Junts, el litigio de Shakira evidencia patrones de comportamiento indebido de la Administración tributaria tanto en el ámbito estatal como catalán. Desde la formación política de Carles Puigdemont, se ha interpelado al Congreso sobre si esta conducta resulta compatible con los estándares de correcta administración, actuación de buena fe y protección de la confianza legítima de los ciudadanos. Los parlamentarios han criticado que la Agencia Tributaria mantuviera una inspección de envergadura económica considerable durante una década sin haber establecido adecuadamente la situación de residencia fiscal de Shakira.

Miriam Nogueras, representante de Junts en la Cámara Baja, ha formulado interrogantes específicos sobre los posibles sistemas de compensación económica que perciben los inspectores de la Administración tributaria. Las preguntas buscan esclarecer si estos incentivos guardan relación directa con los importes de las liquidaciones y sanciones impuestas, cuál es su incidencia en la remuneración global de estos funcionarios, y si existen procedimientos para recuperar dichos incentivos en aquellos supuestos donde los tribunales anulen las actuaciones inspectoras.

En el Senado, los parlamentarios de Junts han registrado una cuestión análoga respecto a los sistemas de estímulo económico asignados a inspectores y subinspectores tributarios vinculados a las actas que generan. Paralelamente, la agrupación política requiere al Gobierno que especifique el costo integral que este procedimiento ha generado para las arcas públicas, contemplando las devoluciones realizadas, intereses devengados, gastos de litigación, servicios de asesoramiento jurídico y posibles indemnizaciones patrimoniales derivadas de un proceso que se ha prolongado casi una década.