Comienzan las movilizaciones por vivienda asequible en múltiples ciudades españolas

Un ciclo de protestas a favor del acceso a vivienda digna y con precios asequibles arranca este fin de semana, impulsado por federaciones del Sindicato de Inquilinas junto a otras organizaciones sociales. Las primeras concentraciones tendrán lugar el sábado 23 de mayo en Guadalajara, continuando al día siguiente en Badajoz, Madrid, Teruel y Zaragoza. La agenda de movilizaciones se extenderá hasta el 28 de junio, incluyendo una convocatoria el 30 de mayo en Murcia, Burgos y Logroño.

El movimiento se articula bajo la consigna "La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios". Los sindicatos CCOO y UGT han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participe masivamente en estas acciones. Unai Sordo y Pepe Álvarez, máximos dirigentes de ambas organizaciones, acudirán a la manifestación madrileña junto con Paloma López y Susana Huertas, secretarias generales de los sindicatos en Madrid.

En su posicionamiento conjunto, las organizaciones sindicales advierten que la cuestión habitacional se ha convertido en un factor crítico de desigualdad y exclusión social, golpeando especialmente a los trabajadores. Reclaman que el costo del alquiler no rebase el 30% de los ingresos familiares, así como una reforma integral del sistema hipotecario ante el contexto de incremento de tasas de interés, manteniendo ese mismo porcentaje en las mensualidades.

Las entidades subrayan que el mercado de alquileres está tensionado y fuera del alcance para amplios sectores de la población, siendo tratada la vivienda como un activo especulativo en lugar de un derecho fundamental. Señalan que el origen del problema está en la insuficiencia del parque público de vivienda. España arrastra un déficit secular derivado de políticas que durante décadas han privilegiado la lógica mercantil y la especulación sobre la función social de la vivienda. Las organizaciones plantean una expansión significativa del stock de vivienda pública que asegure precios asequibles y protección duradera.

Asimismo, consideran prioritario establecer regulaciones sobre los fondos de inversión y grandes propietarios que actúan como especuladores, presionando al alza los precios y provocando el desplazamiento de vecinos de sus territorios. El objetivo es frenar conductas abusivas que atentan contra el interés colectivo.