España y Bélgica se unen a coalición internacional contra proyecto de asentamientos en Cisjordania

Una coalición internacional de países ha tomado medidas coordinadas para frenar la participación empresarial en un ambicioso proyecto de construcción en Cisjordania. Con el respaldo del Gobierno británico, ocho naciones europeas —Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Noruega, Países Bajos, España y Bélgica— se han sumado a Canadá, Australia y Nueva Zelanda en una declaración conjunta dirigida a disuadir a las compañías de involucrarse en la licitación del proyecto E1.

El plan contempla la edificación de 3.400 viviendas en un área de aproximadamente doce kilómetros cuadrados que conectaría Jerusalén Este con el asentamiento de Maale Adumim. De concretarse, la iniciativa duplicaría la población de la zona con alrededor de 35.000 nuevos residentes en los próximos años, fragmentando el territorio palestino y obstaculizando la viabilidad de un futuro Estado palestino contiguo.

Los países firmantes han alertado sobre los riesgos legales y reputacionales que enfrentarían las empresas que participen en estas obras. El comunicado subraya que la participación en tales proyectos constituiría una implicación en violaciones graves del Derecho Internacional, calificando los asentamientos israelíes en Cisjordania como ilegales conforme a la normativa internacional. Asimismo, enfatizan que la expansión en el área E1 representaría una grave contravención de las leyes internacionales.

Más allá de la cuestión de legalidad, la declaración refleja el compromiso de estos gobiernos con una solución de paz justa y sostenible en la región. Los países demandan a Israel que cese la expansión de asentamientos y establezca mecanismos de rendición de cuentas respecto a la violencia de colonos. Igualmente, instan a una investigación sobre las acusaciones contra fuerzas israelíes y exigen el respeto del statu quo en los sitios sagrados de Jerusalén.

Entre las peticiones adicionales figuran el levantamiento de restricciones financieras impuestas a la Autoridad Palestina. Los firmantes han expresado su rechazo categórico hacia quienes, incluyendo miembros del Gobierno israelí, promueven la anexión y el desplazamiento forzoso de población palestina.

Ante el agravamiento de la situación en Cisjordania y la intensificación de actos violentos, los países han reafirmado su compromiso con una paz integral y equitativa, en consonancia con las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aunque las autoridades israelíes consideran legales ciertos asentamientos, la comunidad internacional sostiene que su expansión constituye un crimen de guerra según el Derecho Internacional.