Cuerpo convoca mesa de alto nivel para analizar consecuencias económicas del conflicto iraní

Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y titular de la cartera de Economía, Comercio y Empresa, encabezará este lunes un encuentro de carácter estratégico destinado a examinar las repercusiones económicas y sociales derivadas del conflicto en Irán. El acto tendrá lugar en las instalaciones del Ministerio de Economía, contando con la participación de integrantes del Gobierno y delegados de las principales organizaciones sociales.

La delegación gubernamental incluirá a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social; Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica y Reto Demográfico; Arcadi España, titular de Hacienda; y Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por el lado de los agentes sociales, acudirán Antonio Garamendi, presidente de la CEOE; María Teresa Gómez Condado, secretaria general de Cepyme; Pepe Álvarez, secretario general de UGT; y Unai Sordo, secretario general de CCOO.

El Ejecutivo planifica un ciclo de encuentros durante las próximas semanas con los sectores económicos más vulnerables al impacto de la crisis en Oriente Medio. El propósito central es identificar qué apoyos resultan indispensables cuando venza el primer real decreto-ley, cuya vigencia finaliza en junio.

Medidas de apoyo: continuidad y ajustes

Las intervenciones vinculadas al precio de los combustibles permanecerán activas debido a la volatilidad actual del mercado. En contraste, determinadas medidas relacionadas con electricidad y gas serán eliminadas tras la corrección de precios registrada en abril.

El Índice de Precios al Consumo correspondiente a abril alcanzó el 3,2%. Según la valoración oficial, esto refleja la efectividad de las políticas implementadas en España; de no haber existido estas medidas, la inflación habría superado este guarismo en un punto porcentual. Específicamente, los precios de los combustibles habrían experimentado un incremento del 30% sin estas intervenciones.

Los combustibles mantienen su importancia estratégica al haber rebasado la variación anual del 15%. Las deducciones fiscales, particularmente los tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos y la aplicación del IVA al 10% en gasolinas y biocarburantes, seguirán vigentes hasta el 30 de junio.

La electricidad y el gas registraron descensos de precios en abril, lo que posibilita comenzar a retirar ciertos mecanismos de protección dirigidos a los consumidores en estos segmentos. A partir del 1 de junio, se iniciarán las derogaciones del Impuesto Especial sobre la Electricidad y del IVA aplicado a determinados productos energéticos. No obstante, permanecerán en vigor el conjunto restante de medidas, incluyendo asistencias a productores agrícolas y empresas de transporte, así como los beneficios derivados del bono social eléctrico.

La próxima semana será determinante, ya que el Gobierno se propone dialogar con los agentes sociales para definir la extensión de estas disposiciones de apoyo más allá del mes de junio.