Sumar continúa con negociaciones para regular el alquiler y reclama intervención estatal en el mercado inmobiliario

El dirigente de Sumar y Izquierda Unida, Enrique Santiago, confirmó que su grupo continúa en conversaciones para impulsar un nuevo real decreto ley enfocado en vivienda. Entre los objetivos principales figuran la prórroga automática de contratos de alquiler y el establecimiento de techos en los incrementos de renta.

Santiago denunció que el Partido Popular (PP) obstaculiza deliberadamente las políticas de regulación del mercado inmobiliario. Según su perspectiva, se requieren cuatro votos adicionales que podrían proceder de Junts. De actuar con razonabilidad, el PP podría aportar esos votos necesarios. El diputado manifestó su expectativa de comunicar pronto avances positivos en este frente a la ciudadanía española.

Durante un acto por la vivienda celebrado en Madrid, Santiago criticó severamente la negativa del PP a designar zonas tensionadas, asegurando que esta posición favorece los intereses de grandes propietarios. Propone que los municipios también cuenten con facultades para declarar estas zonas, garantizando así acceso a vivienda con precios asequibles. Enfatizó que el país requiere un parque público de vivienda de gran magnitud, lamentando que la mayoría de regiones gobernadas por el PP rechacen implementar estas zonas tensionadas.

Santiago también solicitó que las administraciones dependientes del Estado central transfieran sus viviendas a Casa 47, la empresa pública de vivienda, considerándolo fundamental para constituir una agencia de vivienda pública robusta. Citó el caso del Reino Unido como referencia, donde se aprobó la renovación indefinida de arrendamientos con control de precios, e instó al PSOE a adoptar posiciones más firmes en este tema. A juicio del diputado, España necesita implementar políticas análogas para responder a las demandas habitacionales de su población.

El parlamentario subrayó la importancia de regular la concentración de viviendas en manos de grandes fondos de inversión y tenedores de cartera, identificando este control como clave para lograr un mercado de vivienda más inclusivo y accesible para la mayoría.