El PP propone un inventario de leyes obsoletas y un plan nacional para descargar la normativa española

El Partido Popular ha elevado ante el Congreso una proposición no de ley que busca que el Ejecutivo enfrente lo que califica como un "exceso regulatorio" que frena la economía española. La formación parlamentaria reclama crear un "inventario exhaustivo del derecho estatal" capaz de identificar y derogar formalmente aquellas disposiciones que han caído en desuso o fueron derogadas de manera tácita.

La propuesta, que será debatida en sesión plenaria, también insta al Gobierno a impulsar un Plan Nacional de Simplificación Normativa. Este plan tendría que estar en consonancia con los objetivos de la Brújula de la Competitividad de la Unión Europea y los lineamientos del Programa de Trabajo de la Comisión Europea para 2026. La meta consiste en reducir la carga normativa y administrativa, estableciendo una disminución del 25% en general y del 35% específicamente para las pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, el PP propone establecer un mecanismo de contención en la generación de nuevas normas mediante el principio de "una norma nueva, tres derogadas", un enfoque que la Comisión Europea implementa desde 2022 como parte de sus directrices de mejora regulatoria.

El partido considera que la sobrecarga normativa y la deficiente calidad de las normas constituyen trabas significativas para el desarrollo económico y la atracción de inversiones en el país.

En continuidad con esta línea, se plantea garantizar la solidez y coherencia del ordenamiento legal, evaluando la viabilidad de transitar gradualmente hacia un modelo de "una norma nueva, una norma derogada", criterio que obtuvo respaldo mayoritario en el Parlamento Europeo el 22 de enero de 2026.

El grupo también defiende un Plan de Acción para la Simplificación y Depuración Normativa, elaborado conjuntamente con las comunidades autónomas. Este plan seguiría el modelo de la Comisión Europea, orientándose hacia la identificación de incoherencias, solapamientos, duplicidades e ineficiencias en los procesos administrativos.

Entre las iniciativas concretas se contempla la agilización de los trámites administrativos y de contratación pública, eliminando exigencias burocráticas innecesarias que dificulten la realización de inversiones, especialmente aquellas cofinanciadas con recursos europeos. Otra medida propuesta es la revisión del Real Decreto 931/2017, orientada a elevar la calidad normativa y fortalecer los procesos de análisis y evaluación del impacto de las nuevas disposiciones.

En los fundamentos de su iniciativa, el Grupo Popular advierte que aunque la regulación debe establecer marcos claros y resguardar derechos, la complejidad normativa excesiva puede obstaculizar el crecimiento económico y mermar la capacidad competitiva. Además, señala que la dispersión normativa genera "inseguridad jurídica" y aumenta los costes empresariales, particularmente para las pymes, agravando los efectos negativos en la administración de fondos europeos.

Finalmente, el PP subraya la importancia de implementar sin demora medidas que ordenen el marco regulatorio, mejoren la calidad normativa, celeridad en los procedimientos administrativos y establezcan un acuerdo entre administraciones para disminuir la fragmentación normativa y asegurar la uniformidad de la regulación.