UGT y CCOO demandan subsidio de 300 euros y ajustes semestrales del salario mínimo

Las principales centrales sindicales españolas han presentado ante el Ejecutivo una propuesta que incluye un subsidio de 300 euros destinado a trabajadores cuyos ingresos se sitúen por debajo del promedio nacional, así como una revisión semestral del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para proteger el poder adquisitivo frente a la inflación.

La petición surge en el contexto de reuniones celebradas el lunes entre autoridades gubernamentales y agentes sociales en el Ministerio de Economía, donde se analizaron los efectos económicos derivados del conflicto en Irán. Aunque se reconoció la estabilidad relativa de la economía española, los sindicatos advirtieron sobre la erosión del poder de compra de los trabajadores y las complicaciones en el suministro de combustibles estratégicos como el gas y el queroseno.

La disponibilidad de estos recursos energéticos preocupa especialmente al sector aeroportuario, que repercute directamente en la actividad turística del país.

Medidas de protección social y laboral

Los sindicatos han insistido en mantener vigentes las medidas anticíclicas más allá del 30 de junio, con el fin de resguardar a los trabajadores y sectores más vulnerables ante la escalada de precios de combustibles y energía.

La ayuda de 300 euros se canalizaría mediante transferencia bancaria directa o como deducción en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Paralelamente, demandan intervenciones extraordinarias en el mercado inmobiliario, particularmente la implementación de techos de precios en alquileres y la paralización de incrementos en rentas existentes.

Revisión del SMI y compensación salarial

Respecto al salario mínimo, los sindicatos argumentan que su revisión debe realizarse cada seis meses para asegurar que los trabajadores mantengan su capacidad de compra. El incremento del 3,1% aprobado recientemente resulta insuficiente frente a la inflación del 3,2% registrada en abril, generando una pérdida neta de poder adquisitivo.

Las centrales sindicales invocan el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores como base legal para solicitar estas revisiones periódicas cuando las previsiones sobre el índice de precios al consumo no se materializan. Instaron a las autoridades a iniciar el diálogo y aprobar un decreto que establezca nuevas normas para la compensación y absorción salarial, evitando que los aumentos negociados se vean neutralizados y que continúe deteriorándose el poder adquisitivo de los trabajadores.