Treinta y cuatro organizaciones de defensa del consumidor rechazan el debilitamiento de derechos aéreos propuesto por Bruselas

Treinta y cuatro organizaciones de consumidores de toda Europa han manifestado su rechazo a los cambios normativos que la Comisión Europea pretende introducir en el Reglamento 261 relativo a los derechos de los pasajeros en vuelos aéreos. La iniciativa, liderada por la Organización Europea de Consumidores (BEUC) y con el respaldo de CECU y Asufin, busca evitar que se debilite significativamente la protección de los viajeros.

El principal motivo de alarma radica en que las nuevas medidas podrían suprimir el derecho a compensación para más del 60% de los pasajeros que actualmente lo disfrutan. La propuesta contempla elevar el umbral de retraso que activa las indemnizaciones de las actuales tres horas a un rango de entre cuatro y seis horas.

Las organizaciones han dirigido una misiva conjunta a los ministerios de los Estados miembros y a parlamentarios europeos de diversas comisiones, expresando su preocupación sobre las implicaciones de estas reformas. Según subrayan, la normativa vigente ha resultado eficaz: ha logrado reducir los retrasos superiores a tres horas en un 70%, mientras que en vuelos de corta distancia ha disminuido los retrasos prolongados hasta un 66%.

Además de los cambios en los umbrales de tiempo, las organizaciones denuncian la reducción de las indemnizaciones por demora, que descenderían de 250 euros a 83 euros. Igualmente preocupante resulta la posibilidad de que los pasajeros reciban notificación de cancelaciones con tan solo 48 horas de anticipación, frente a los 14 días de aviso actual.

Las asociaciones demandan que se preserven los umbrales y montos de compensación existentes, que se alinee la definición de "circunstancias extraordinarias" con la jurisprudencia del tribunal europeo, que se asegure el cumplimiento real de los derechos y que se protejan todos los vuelos con destino a la UE frente a tarifas abusivas y conductas comerciales desleales.

David Sánchez, director de CECU, ha calificado la reforma como un replanteamiento de las reglas que favorece inequívocamente a las aerolíneas en detrimento de los consumidores. Por su parte, Patricia Suárez, presidenta de Asufin, ha advertido que aceptar este retroceso normativo establecería un precedente extraordinariamente peligroso en la defensa de derechos de los consumidores, perpetuando un desequilibrio contractual entre las compañías aéreas y los viajeros.