Fernández Díaz comparece como acusado en el juicio por la Operación Kitchen

Jorge Fernández Díaz, antiguo titular de la cartera de Interior, comparece este jueves ante la Audiencia Nacional como imputado en el procedimiento judicial sobre la denominada 'Operación Kitchen'. Esta causa investiga una presunta operación de naturaleza parapolicial ejecutada durante la administración Rajoy, cuya finalidad habría consistido en sustraer documentación al entonces tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, para obstaculizar las pesquisas respecto a una contabilidad paralela de la formación política.

Antes de la declaración de Fernández Díaz, prestará testimonio Francisco Martínez, exfuncionario de Estado responsable de Seguridad, quien será el primero en comparecer entre los acusados. El proceso ha transcurrido durante dos meses, con participación de más de 150 declarantes y reproducción de múltiples grabaciones de audio.

La Fiscalía Anticorrupción reclama para el exministro una condena de 15 años de reclusión y 33 años de incapacitación por presuntos delitos de encubrimiento, malversación de caudales públicos y atentado contra la intimidad. Martínez enfrenta idéntica petición de pena privativa de libertad.

Según la acusación fiscal, la operación perseguía impedir que documentación potencialmente comprometedora para la formación conservadora y sus máximos responsables llegara a manos de los órganos judiciales. La iniciativa se concentraba en obtener los archivos custodiados por Bárcenas, quien se encontraba bajo investigación en el asunto Gürtel ante la Audiencia Nacional.

Sergio Ríos, conductor de Bárcenas, fue presuntamente captado como informante por el comisario retirado José Manuel Villarejo, proporcionando información sobre el extesorero a este y a otros mandos de la institución policial.

Durante las sesiones judiciales, se examinaron intercambios de mensajes de texto que Fernández Díaz aparentemente remitió a Martínez concernientes a la extracción de contenidos de dispositivos de Bárcenas. Un mensaje datado en octubre de 2013 evidenció la duplicación de información realizada en un establecimiento de café ubicado en el centro madrileño por especialistas policiales. No obstante, un experto en sistemas informáticos identificó "síntomas de alteración" en la correspondencia, sin poder confirmar de manera concluyente que hubieran sido originados por Fernández Díaz.

El proceso contempla futuras comparecencias de otros imputados, entre ellos Eugenio Pino y Andrés Gómez Gordo, para quienes se demanda una condena de 15 años. Villarejo afronta la petición más severa con 19 años de cárcel. El chófer de Bárcenas se enfrenta a una solicitud de 12 años y cinco meses, mientras que Martín Blas, responsable de Asuntos Internos durante el período investigado, confronta una petición de dos años y medio. Algunos de los implicados podrían ver sus causas cerradas por insuficiencia probatoria.

En el aspecto económico, la Fiscalía demanda indemnizaciones de 6.000 euros para Bárcenas y 3.000 para su cónyuge por el presunto espionaje de su vida privada, con responsabilidad solidaria del Estado. Igualmente, solicita que Fernández Díaz, Martínez y Pino resarczan a la Administración estatal en 57.943 euros por malversación. Los restantes acusados enfrentarían compensaciones específicas derivadas de sus presuntas implicaciones en los hechos.