El Tribunal Constitucional admite conflicto del Senado por falta de comparecencia del presidente sobre accidentes ferroviarios

El Tribunal Constitucional ha decidido tramitar un conflicto entre órganos constitucionales presentado por el Senado en contra del Gobierno, quien desestimó un requerimiento de la Cámara Alta. La controversia gira en torno a la inasistencia del jefe del Ejecutivo a una sesión plenaria en enero, donde se debería haber debatido sobre los siniestros ferroviarios mortales registrados en Adamuz, ubicado en Córdoba, y en Rodalies, en Cataluña.

Según comunicó la corte de garantías, el Senado sostiene que la falta de presencia presidencial vulnera sus atribuciones de fiscalización consagradas en la Constitución. La Cámara Alta también denuncia una posible vulneración de los preceptos constitucionales que facultan a las Cortes y sus comisiones para requerir la asistencia de miembros del Gobierno con fines de interpelación.

El Senado argumenta que la omisión de una comparecencia ante su Pleno menoscaba el ejercicio de sus competencias parlamentarias. La mayoría absoluta del PP respaldó la decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional, señalando que el presidente no asistió a la sesión extraordinaria pese a haber sido convocado para tratar los referidos accidentes. El presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, remitió una misiva al titular del Ejecutivo alertándole sobre las posibles implicaciones jurídicas derivadas de su inasistencia.

En paralelo, el Tribunal Constitucional también ha admitido a trámite un segundo conflicto vinculado a un veto presupuestario ejercido por el Ejecutivo durante la tramitación de una enmienda del PP al proyecto de ley de Navegación Aérea y Seguridad Aérea. Conforme al pronunciamiento del Tribunal, el Partido Popular sostiene que dicho veto podría infringir diversos artículos de la Constitución, así como normas del Reglamento del Congreso.

Adicionalmente, el Senado ha interpuesto cuatro conflictos más, ya admitidos por el Constitucional, referentes a vetos presupuestarios en proyectos legislativos relativos a la reducción de pérdidas y desperdicios alimentarios y a la ley de movilidad sostenible.

El Tribunal Constitucional ha aceptado múltiples conflictos entre el Senado y el Gobierno en un contexto caracterizado por tensiones políticas y desacuerdos sobre el alcance de las funciones constitucionales.