Tribunal de Cuentas reclama inversión urgente en capacidades para combatir el lavado de dinero
El organismo fiscalizador español ha identificado carencias críticas en la dotación de recursos del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), entidad adscrita al Ministerio de Economía, en un análisis comparativo realizado junto con las autoridades de fiscalización de Alemania, Países Bajos, Polonia y Chipre.
El examen del funcionamiento del dispositivo español de prevención del blanqueo de capitales durante el período 2020-2024 revela deficiencias estructurales en la gobernanza del sistema. Entre los hallazgos principales destaca la ausencia de una estrategia nacional explícita en esta materia, pese a que España ha incorporado la legislación comunitaria y acatado los estándares internacionales aplicables.
El Tribunal de Cuentas subraya la carencia de objetivos concretos e indicadores de desempeño que permitan evaluar adecuadamente la efectividad de las acciones implementadas y el aporte de cada actor dentro del esquema preventivo. Esta brecha dificulta significativamente la valoración del impacto real del sistema, razón por la cual el organismo insta a desarrollar una metodología propia de medición de resultados.
Respecto al Sepblac, aunque se reconoce su función central como unidad de inteligencia financiera y supervisión, el informe advierte que la infraestructura actual de recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios no permite responder con la agilidad requerida ante los retos estratégicos contemporáneos. La recomendación enfatiza la necesidad de fortalecer estas capacidades de manera integral.
La arquitectura preventiva española descansa en la participación de más de 27.000 entidades obligadas del sector privado, incluyendo instituciones financieras, plataformas de criptoactivos, despachos legales, notarías, empresas inmobiliarias y comercios de joyería. Estos operadores tienen la responsabilidad de detectar y reportar transacciones que presenten indicios de ilicitud.
El Tribunal exhorta al Ejecutivo a establecer canales de comunicación periódica hacia las Cortes Generales sobre el avance de las medidas preventivas. Asimismo, recomienda que el Sepblac intensifique la difusión y consolidación de la metodología de análisis de riesgos entre el conjunto de sujetos obligados, independientemente de su categoría sectorial.
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