UPA insta a legislación estatal de agricultura familiar para contener expansión de fondos inversores en tierras

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Aragón ha reiterado durante años la urgencia de contar con una Ley estatal de Agricultura Familiar como instrumento para contener la compra masiva de tierras por parte de fondos inversores, fenómeno que pone en riesgo la concentración de la producción agraria en manos de grandes corporaciones.

Desde la perspectiva de la organización, la ausencia de esta normativa impide frenar el avance de los fondos de inversión. La UPA sostiene que dicha legislación es esencial para garantizar la continuidad del modelo de explotación familiar, que constituye la estructura mayoritaria en Aragón y otras regiones españolas.

Los representantes de los pequeños agricultores han cuestionado los argumentos del ministro de Agricultura, Luis Planas, quien ha señalado que la aprobación de esta ley resultaría ineficaz mientras no se complete la reforma de la Política Agraria Común (PAC). Para la UPA, el orden de prioridades debería ser inverso: la legislación de agricultura familiar debe servir como guía para las políticas europeas.

El modelo de explotación familiar representa el 99% del sector agrícola y ganadero en Aragón, lo que subraya la importancia de una protección legislativa específica a nivel estatal.

La organización ha puesto como referencia el impacto positivo de iniciativas previas como la Ley de la Cadena Alimentaria, la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales y la Ley de Titularidad Compartida, que han generado avances significativos en el ámbito comunitario y podrían servir como modelo para esta nueva legislación.

Aragón dispone desde 2023 de su propia ley de Agricultura Familiar, que fue reformada en 2025. En consecuencia, la UPA ha instado a la nueva Consejera de Agricultura, Arancha Simón, a asegurar el cumplimiento efectivo de la normativa autonómica y su adecuación integral al modelo de explotación familiar que predomina en la región.