Los gasolineros defienden su cumplimiento en la aplicación de la rebaja fiscal tras validación de la CNMC

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) ha reafirmado su compromiso con la honestidad y la transparencia en la gestión de la disminución del IVA en carburantes, una medida implementada por el Ejecutivo para contrarrestar los efectos del conflicto en Oriente Próximo. La declaración surge tras lo que la organización considera un respaldo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha validado el desempeño del sector.

Ceees manifestó su satisfacción respecto al comunicado que la CNMC divulgó el viernes anterior, interpretándolo como confirmación de que las estaciones de servicio han transmitido efectivamente la reducción de precios al usuario final, provocando una contracción significativa en sus márgenes de ganancia. Javier de Antonio, titular de la confederación, subraya que desde la implementación de las disposiciones tributarias, el gremio ha mantenido un comportamiento íntegro y responsable, asumiendo parte de la carga financiera para beneficio de empresas y particulares.

Paralelamente, el sector ha denunciado las críticas injustificadas que ha padecido en recientes meses, originadas en sospechas sin fundamento difundidas por determinados medios informativos, organizaciones defensoras de consumidores y funcionarios públicos. Conforme a Ceees, el conjunto de empresas dedicadas a la distribución de combustibles ha demostrado su capacidad de adaptación ante un panorama económico particularmente difícil.

El análisis realizado por la CNMC revela que la mayoría de estaciones de servicio en el territorio peninsular ha trasladado la rebaja tributaria establecida por el Gobierno, aunque identifica irregularidades en ciertos puntos.

En su investigación publicada el viernes, la CNMC examinó más de 10.500 estaciones de servicio con información de precios para gasolina 95 y gasóleo A. Si bien la generalidad de estos establecimientos ha incorporado la reducción fiscal, el documento identifica aproximadamente cincuenta instalaciones que podrían haber incurrido en conductas irregulares.