La Audiencia Nacional expande investigación sobre finanzas del PSOE y protocolos de cumplimiento

La Audiencia Nacional ha decidido ampliar el alcance de su investigación respecto a los gastos del Partido Socialista Obrero Español bajo la administración de Pedro Sánchez. El análisis ahora incorpora la gestión financiera de 2025, sumándose al período previamente examinado que abarca desde 2017 hasta 2024. El núcleo de la pesquisa se concentra en el estudio del "plan de prevención de delitos" del partido, cuya documentación ha sido requerida por el magistrado Santiago Pedraz.

El magistrado Pedraz ha ordenado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que recopile documentación en las oficinas del PSOE ubicadas en la calle Ferraz de Madrid. La medida responde a investigaciones sobre una presunta operación orientada a interferir en procesos judiciales que pudieran perjudicar tanto al partido como al Ejecutivo. El procedimiento de requisa se extendió durante doce horas y comprendió la solicitud de información exhaustiva sobre los movimientos financieros y el Programa de Cumplimiento Normativo que rige en la organización, conforme a documentos a los que Europa Press accedió.

El magistrado ha solicitado la entrega completa del Programa de Cumplimiento Normativo correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025, además de la identificación del responsable encargado de supervisarlo. Respecto a los gastos, ha demandado detalles sobre los mecanismos internos utilizados para autorizar y ejecutar los pagos, bajo la sospecha de que recursos del partido habrían sido canalizados hacia una estructura que buscaba acceder a información confidencial relativa a magistrados, fiscales y efectivos de la Guardia Civil.

El juez Pedraz ha encomendado a la UCO obtener del PSOE la totalidad de facturas, la identificación de todos los participantes en estos procesos, y el documento que regula los trámites y pagos. La indagación pone especial énfasis en gastos de desplazamientos y otros conceptos institucionales, tales como comidas y traslados, así como en los mecanismos de gestión y justificación de estos conceptos. La investigación mantiene particular atención sobre personalidades como Santos Cerdán y Leire Díez, quien fuera integrante de la organización, ambos vinculados a los esquemas bajo examen.

El PSOE ha manifestado su disposición a cooperar plenamente con las autoridades judiciales, rechazando categóricamente las imputaciones de haber consentido o participado en operaciones ilícitas. La organización ha cuestionado la existencia de múltiples procedimientos que investigan los mismos hechos.

En paralelo, el magistrado Ismael Moreno ha iniciado una rama independiente dentro del denominado 'caso Koldo', bajo carácter de secreto, que investiga transferencias en efectivo ejecutadas entre 2017 y 2024. En diciembre, el PSOE presentó un dispositivo de almacenamiento que contenía el registro detallado y la documentación justificativa de tales movimientos. Esta línea de investigación se abre ante indicios de posible mal uso de los procedimientos de devolución de gastos de la agrupación, que habrían facilitado operaciones de blanqueo de capitales, según señala la Fiscalía Anticorrupción.