Villarejo comparecerá ante los tribunales en el juicio por la Operación Kitchen

El procedimiento judicial conocido como 'Operación Kitchen' aborda la investigación de un presunto operativo de inteligencia coordinado desde el Ministerio del Interior durante la etapa gubernamental de Mariano Rajoy. La meta de este supuesto espionaje era recabar material comprometedor del entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas, para sabotear las pesquisas dirigidas a esclarecer una hipotética contabilidad oculta dentro de la organización política.

La sesión judicial está prevista únicamente para el lunes de la semana en curso. Villarejo prestará declaración subsecuentemente a Eugenio Pino, quien se desempeñaba como director adjunto operativo en la estructura policial nacional. La acusación pública reclama quince años de cárcel para Pino y, en el caso de Villarejo, solicita diecinueve años —la sanción más severa del proceso— por presuntos delitos que incluyen encubrimiento, malversación de fondos, vulneración de la intimidad y cohecho pasivo propio.

La magistrada Teresa Palacios, quien preside el tribunal de la Audiencia Nacional encargado del caso, ha examinado durante las últimas semanas múltiples grabaciones de audio del comisario. Estos registros constituyen un componente esencial del acervo probatorio de la causa, que forma parte de la investigación más extensa denominada 'Tándem' o 'caso Villarejo'. En dichas grabaciones constan diálogos con personajes de relevancia política, entre ellos la exdirigente del PP María Dolores de Cospedal y su antiguo esposo, el empresario Ignacio López del Hierro, además de otros interlocutores.

Dentro de la documentación de pruebas figuran conversaciones en las que el comisario hace mención a grabaciones "duras" que involucraban a Rajoy y Bárcenas.

En el banquillo de los acusados también comparecen Jorge Fernández Díaz, quien fue titular de la cartera de Interior, así como otros funcionarios de alto rango incluyendo a Francisco Martínez, Pino y Andrés Gómez Gordo. La Fiscalía Anticorrupción solicita para ellos quince años de internamiento, mientras que para el ex conductor personal de Bárcenas, implicado en los hechos, pide doce años. Asimismo, Marcelino Martín Blas, exjefe de la dependencia de Asuntos Internos de la Policía, enfrenta una petición de dos años y medio de privación de libertad.

Por su parte, los inspectores José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díaz Sevillano y el comisario José Luis Olivera están siendo procesados, aunque la Fiscalía ha instado al archivo del procedimiento en su contra al considerar insuficiente la prueba disponible. Enrique García Castaño, quien dirigía la Unidad Central de Apoyo Operativo, no participa en el juicio debido a una incapacitación mental derivada de un episodio cerebrovascular sufrido en dos mil veintidós.