Acreedores de laudos de energías renovables ejecutan la sede del Instituto Cervantes en Utrecht

Los acreedores perjudicados por el incumplimiento de sentencias internacionales derivadas de los recortes a energías renovables durante la administración de Mariano Rajoy han asumido el control de la sede del Instituto Cervantes ubicada en Utrecht, Países Bajos, con intención de proceder a su venta en subasta pública.

Según fuentes de los fondos de inversión, los representantes legales han completado los trámites formales en el inmueble tras la orden de ejecución dictada por tribunales holandeses. El proceso de subasta ya se encuentra en movimiento y se proyecta que la propiedad alcance un valor aproximado de 10 millones de euros, considerando tanto su situación en una zona de elevado valor inmobiliario en la ciudad holandesa como sus características arquitectónicas y patrimoniales.

Una vez finalizada la transacción, la legislación vigente permitiría a los nuevos propietarios ejercer plena disposición sobre el edificio conforme a los derechos establecidos en las sentencias judiciales correspondientes.

El Gobierno español ha iniciado gestiones legales para anular el embargo sobre la propiedad. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha comunicado que ha presentado un procedimiento judicial para que se ordene al oficial de justicia encargado de las ejecuciones levantar las medidas cautelares. La argumentación se fundamenta en que el laudo ha sido notificado como Ayuda de Estado ante la Comisión Europea y en que las autoridades holandesas han comunicado al oficial de justicia su obligación de suspender cualquier acción dirigida a la venta del inmueble.

Desde la cartera ministerial dirigida por Sara Aagesen se ha precisado que la colocación de señalización en la entrada del edificio no constituye un avance en procedimiento de venta alguno, sino que responde a intereses de naturaleza mediática. Los acreedores sostienen haber mantenido canales de negociación con autoridades españolas, aunque transcurrida una década desde los recortes a energías renovables continúan sin percibir las compensaciones ordenadas por cortes internacionales. Esta situación ha originado actuaciones de ejecución patrimonial en múltiples jurisdicciones.

En territorio estadounidense, la Administración ha recomendado a la Corte Suprema desestimar la solicitud de España para revisar sentencias que reconocen créditos por 700 millones de dólares a favor de los acreedores. De igual forma, los acreedores han obtenido pronunciamientos favorables ante tribunales en Reino Unido, Australia y Singapur, donde se ha confirmado la obligación de España de cumplir con los laudos arbitrales. En Bélgica, aproximadamente 250 millones de euros permanecen depositados en cuentas judiciales relacionadas con procedimientos de ejecución en curso.