Facua critica el retorno del IVA al 21% en la electricidad y demanda una alícuota permanentemente reducida

La organización Facua-Consumidores en Acción manifestó su rechazo ante la reactivación del gravamen tributario en el sector eléctrico, que sube al 21% desde el pasado lunes, 1 de junio. La entidad ha elevado una petición formal al Ejecutivo para que implemente cambios normativos que permitan consolidar una tributación menor de manera permanente, argumentando que gravar con la tasa máxima un bien de primera necesidad como la electricidad resulta inequitativo.

La asociación enfatiza que preservar una carga fiscal reducida es fundamental para evitar deteriorar aún más la situación económica de las familias españolas. De acuerdo con Facua, el menor ingreso derivado de esta medida podría compensarse mediante el fortalecimiento de la imposición sobre las grandes corporaciones, sin afectar los recursos destinados a sectores críticos como la sanidad y la educación.

El regreso a la alícuota estándar del 21% en el Impuesto sobre la Electricidad obedece a la desaceleración inflacionaria registrada en abril. Ambos tributos recuperan sus niveles ordinarios tras no cumplirse las condiciones establecidas en el Real Decreto de medidas anticrisis, que vinculaba las rebajas al superamiento de ciertos umbrales de inflación. Al no alcanzarse esos límites, las bonificaciones se extinguieron automáticamente.

Paralelamente, Facua plantea la necesidad de excluir las fuentes nuclear e hidroeléctrica del mecanismo de subasta marginalista de carácter diario, proponiendo que el Gobierno fije pretrices de largo plazo. Asimismo, insta al Ministerio para la Transición Ecológica a intensificar las labores de promoción del bono social eléctrico entre los usuarios elegibles. La organización advierte que numerosos potenciales receptores de esta ayuda no la solicitan por falta de información o por creer erróneamente que no cumplen los requisitos, lamentando la ausencia de campañas publicitarias institucionales que difundan esta prestación.

Facua también subraya la relevancia de que los consumidores revisen y ajusten la potencia contratada en sus suministros eléctricos. Según sus investigaciones, los usuarios residenciales desembolsan aproximadamente 1.000 millones de euros anuales en exceso por capacidad eléctrica ociosa incluida en sus pólizas.