Las altas temperaturas amenazan con reducir drásticamente la cosecha cerealista en Castilla y León

Las elevadas temperaturas registradas en las últimas dos semanas amenazan con provocar una contracción significativa en la producción cerealista de Castilla y León. La Unión de Pequeños Agricultores (UPA CyL) ha alertado sobre una caída del 40% en la cosecha de cereales respecto a la campaña anterior, con previsiones de que las condiciones climáticas adversas se mantengan hasta el 11 de junio.

El calor extremo ha impactado de manera crítica en el granado de trigos y cebadas, fases determinantes para conseguir un grano de calidad y con el peso adecuado. La organización subraya que el daño ha sido particularmente severo en las provincias del sur y centro de la región, donde predominan suelos arenosos y áridos con menor capacidad de retención hídrica.

De acuerdo con UPA CyL, la cosecha se situará por debajo de los registros históricos, sin alcanzar los cinco millones de toneladas. Este pronóstico contrasta marcadamente con las estimaciones del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), que había proyectado una cosecha histórica de 8,4 millones de toneladas para el presente ejercicio.

Ante la gravedad de la situación, UPA CyL ha dirigido un llamamiento a los próximos responsables de la Consejería de Agricultura para que adopten medidas de carácter extraordinario. Entre las solicitudes figuran compensaciones económicas directas para los productores que no logren superar incrementos del 19% en trigo y del 24% en cebada sobre la media histórica de los últimos treinta años. Asimismo, la organización demanda un riguroso control sobre las importaciones cerealistas con el propósito de estabilizar los precios en el mercado.

La falta de intervención estatal podría comprometer la viabilidad de un sector estratégico para la agricultura y la ganadería regional, con consecuencias que se extenderían a futuras campañas. UPA CyL ha instado además a las autoridades a revisar la aplicación de normativas medioambientales durante las operaciones de recolección, argumentando que estas disposiciones incrementan las restricciones operativas y generan costes adicionales que erosionan la rentabilidad de los productores.