El Congreso se pronunciará sobre la transferencia de derechos mutualistas al RETA

La votación definitiva de la proposición de ley que faculta a los colegiados mutualistas para trasladar sus derechos económicos acumulados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se llevará a cabo en el Pleno del Congreso el jueves 11 de junio. Tras esta votación en la Cámara Baja, el proyecto seguirá su tramitación en el Senado, donde deberá pasar nuevamente por los trámites de ponencia, comisión y votación plenaria.

La comisión competente dio luz verde al dictamen legislativo sin votos en contra, aunque PP, Vox y Junts se abstuvieron. Si bien estos grupos parlamentarios respaldan el propósito fundamental de la ley —mejorar las pensiones de muchos mutualistas que actualmente perciben importes muy bajos—, han manifestado su desacuerdo con la forma en que el Gobierno ha conducido el proceso legislativo.

Los partidos de la oposición han expresado su inconformidad por los rechazos gubernamentales a enmiendas consideradas relevantes, argumentando razones de índole presupuestaria. Entre las enmiendas vetadas figuraba una presentada conjuntamente por PP y Junts, que buscaba permitir a mutualistas que cumpliesen el período mínimo de cotización en la Seguridad Social también acceder a la transferencia de derechos al RETA. Esta medida habría beneficiado aproximadamente a 47.000 personas. El Gobierno ejerció su poder de veto conforme al artículo 134.6 de la Constitución, que prohíbe iniciativas que supongan incremento del gasto público o disminución de ingresos sin su consentimiento previo.

Pese a los vetos, la comisión incorporó enmiendas transaccionales respaldadas por Sumar, ERC y EH Bildu, que fijan un plazo de tres meses para reglamentar los detalles de la transferencia de derechos acumulados y su conversión en períodos de cotización en el RETA.

Entre los acuerdos alcanzados destaca la posibilidad de que mutualistas mayores de 52 años al cierre de 2026 puedan computar sus aportaciones a mutualidades alternativas como meses equivalentes en el RETA, aunque exclusivamente para determinar la base reguladora de su pensión de jubilación. Asimismo, se estableció que el traslado de derechos hacia mutualidades alternativas al RETA no generará consecuencias tributarias en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Las mutualidades asumirán la responsabilidad de elaborar un informe de periodicidad semestral que proporcione transparencia y claridad respecto a la gestión de los fondos de los mutualistas, incluyendo el valor actuarial vigente de las rentas iniciales y demás datos operativos pertinentes. Estos informes, acompañados de la documentación requerida, serán remitidos a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para su supervisión permanente.

La comisión también aprobó enmiendas del PP y Junts dirigidas a suprimir la obligación de afiliarse al RETA después del 1 de enero de 2027, permitiendo que el sistema de mutualidades alternativas continúe operativo. Esta medida garantiza que quienes opten por este régimen gocen de idénticos derechos que los trabajadores autónomos. Junts, por su parte, logró incluir la realización de un informe de evaluación del régimen de mutualidades alternativas antes de 2030.

Finalmente, una enmienda presentada por el PP demanda cambios normativos en el plazo de doce meses para fortalecer la transparencia y el control del sistema de mutualidades alternativas de Seguridad Social, proporcionando así mayores garantías a los profesionales colegiados participantes.