El Estado tomará control de casi mil kilómetros de autovías al vencer las concesiones en 2027

El próximo 1 de enero de 2027 marca un punto de inflexión en la infraestructura vial española: la Administración central recuperará el control operativo de 993 kilómetros de autovías de primera generación. Esta reintegración se concretará una vez expire en diciembre de 2026 la decena de contratos de concesión suscritos hace casi dos décadas.
Los tramos implicados discurren por las autovías A-1, A-2, A-3, A-31 y A-4, conformando el 9,5% de la red nacional de acceso gratuito. A partir de esa fecha, la financiación de su conservación y operación provendrá directamente de los Presupuestos Generales del Estado, eliminando los pagos a operadores privados.
Bajo el esquema de "peaje en sombra" actualmente vigente, los conductores circulan sin abonar tarifa alguna, pero la Administración remunera a los concesionarios conforme al volumen de tráfico registrado. La reversión de estos contratos supone que el Estado asumirá íntegramente las funciones de mantenimiento y conservación.
De acuerdo con cálculos de la patronal Seopan, el gasto anual en conservación rondará los 79,4 millones de euros, partiendo de un costo medio de 80.000 euros por kilómetro. Sin embargo, el Gobierno proyecta obtener un ahorro superior a 200 millones de euros cada año tras la conclusión de los pagos a concesionarios.
Las inversiones canalizadas en estos corredores viales han alcanzado 2.504 millones de euros, cifra que duplica con creces el programa estatal 453B de infraestructuras de carreteras. Estos tramos registran un volumen de tráfico un 25% superior al promedio de las autovías libres, con una proporción de vehículos pesados 4,7 puntos porcentuales mayor, subrayando su relevancia estratégica en la malla viaria nacional.
La operación de estas autovías se rige actualmente mediante 41 indicadores de desempeño, con aproximadamente 500 profesionales dedicados a su mantenimiento. Aunque los acuerdos contemplan la posibilidad de extender el período de concesión seis años adicionales, la previsión oficial es que la reversión se materialice en diciembre de 2026. Entre los temas pendientes de negociación figura la subrogación del personal para asegurar la continuidad operativa.
Seopan ha enfatizado los beneficios que las concesiones han aportado a la seguridad vial y la calidad del servicio. Los datos muestran descensos apreciables en indicadores de riesgo y mortalidad, además de mejoras significativas en el estado de la infraestructura en comparación con otras autopistas de la red.
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