CSIF paraliza la Agencia Tributaria este lunes reclamando refuerzo de plantilla y mejoras salariales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha dispuesto para el lunes 8 de junio una jornada de huelga completa en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) a nivel nacional. La medida coincide con el desarrollo de la Campaña de la Renta y persigue obtener ampliación de efectivos, mejoramiento de las condiciones de empleo y la materialización de compromisos anteriormente adquiridos.

La convocatoria representa el punto culminante de una escalada de movilizaciones que inició el 6 de mayo con una manifestación frente a la Secretaría de Estado de Hacienda. Posteriormente, el 13 de mayo, el sindicato realizó un paro de sesenta minutos junto con concentraciones en distintas sedes territoriales de la entidad tributaria.

La paralización abarcará aproximadamente 28.000 empleados distribuidos en oficinas, centros administrativos, delegaciones regionales y especializadas en toda España. La acción tendrá vigencia desde la medianoche del domingo hasta la medianoche del lunes 8 de junio. Simultáneamente, se han organizado actos de concentración a las 11:00 horas del lunes en las delegaciones especiales de la AEAT en cada comunidad autónoma.

El sindicato cuestiona la suficiencia de la estructura de personal actual en la AEAT, integrada por 28.000 trabajadores, para garantizar una gestión eficiente en la prevención del fraude tributario. CSIF identifica obstáculos en las negociaciones relativas a cuestiones laborales fundamentales, entre ellas la instauración de un sistema de carrera profesional, la formalización de políticas de trabajo remoto, y el reconocimiento del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) como actividad de alto riesgo.

El sindicato recuerda que durante 2024 se rubricó un acuerdo para modernizar la trayectoria profesional de los empleados, acuerdo que ha permanecido estancado desde 2019, ocasionando menoscabo económico para los trabajadores.

Conforme a análisis realizados por CSIF con base en estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la dotación de personal debería incrementarse hasta alcanzar entre 32.000 y 33.000 empleados para resultar verdaderamente efectiva en la lucha contra el fraude fiscal.