SEPI asevera que sus operaciones cuentan con supervisión exhaustiva y responderá ante acusaciones de irregularidades

Belén Gualda, máxima responsable de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha enfatizado de manera contundente la solidez de la gestión del holding estatal, señalando que sus operaciones se encuentran sometidas a "hipercontrol" y que la entidad actuará "con firmeza" ante cualquier imputación de corrupción.

Estas manifestaciones se produjeron durante su intervención ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, foro donde se preveía abordar las inversiones del Estado en Indra y Telefónica, aunque la sesión terminó enfocándose en las causas judiciales que involucran a SEPI.

Entre los asuntos más relevantes figura la citación de Bartolomé Lora, vicepresidente del organismo, por presunta prevaricación vinculada a un desembolso de 475 millones de euros destinado a Air Europa durante 2020. Paralelamente, el Partido Popular ha puesto de relieve las pesquisas en marcha respecto al anterior presidente de SEPI, Vicente Fernández, así como los requerimientos de la Guardia Civil relacionados con el crédito facilitado a Plus Ultra en el contexto de la pandemia.

Gualda subrayó que SEPI jamás ha sido objeto de registro y que sus gestiones se hallan bajo vigilancia exhaustiva de naturaleza legal, incluyendo revisiones del Tribunal de Cuentas, la Intervención General del Estado y el Parlamento. Destacó que entre 2021 y 2025, la Intervención General del Estado ha ejecutado 73 acciones de control, el Tribunal de Cuentas 72, además de 853 auditorías propias de la entidad.

Respecto al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASE), Gualda manifestó que la totalidad de los expedientes cumplían con los requisitos de admisibilidad, haciendo especial énfasis en Plus Ultra, al sostener que no atravesaba una situación de crisis en el instante de obtener el préstamo. De acuerdo con su exposición, si la compañía aérea hubiera presentado incumplimientos ante la Seguridad Social, habría carecido de autorización de la Agencia de Seguridad Aérea para mantener sus operaciones.

La presidenta también justificó el Fondo de Solvencia constituido durante la emergencia sanitaria, indicando que contribuyó a salvaguardar 62.000 puestos de trabajo en una coyuntura económica adversa. Asimismo, precisó que no constituyó un rescate, sino un préstamo financiado con recursos propios del Estado, sin participación de fondos comunitarios. Pese a las diligencias en curso, reiteró que todas las ayudas fueron sometidas a auditoría previa para asegurar su otorgamiento conforme a normativa.