Comité de Inversiones Estratégicas comenzará operaciones tras el verano

Manuel de la Rocha, máximo responsable de asuntos económicos en Moncloa, comunicó el martes pasado que el comité gubernamental de inversiones estratégicas entrará en funcionamiento una vez finalice el verano. La iniciativa persigue brindar a los grandes inversores un procedimiento claro, ágil y predecible. Estas manifestaciones se produjeron durante su intervención ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso y el Senado.

Originalmente contemplado en un decreto ley diseñado para contrarrestar los efectos económicos derivados del conflicto en Irán, el comité aún requiere la elaboración de su normativa interna. De la Rocha informó que el real decreto regulador ya fue sometido a trámite de consulta pública y próximamente se dirigirá al Consejo de Estado para recibir aprobación definitiva. El funcionario enfatizó que la naturaleza del comité no radica en supervisar empresas, sino en facilitar la canalización de recursos hacia sectores de relevancia estratégica, preservando simultáneamente el bien común y respetando el marco normativo vigente.

De la Rocha indicó que numerosos proyectos se encuentran en espera de poder tramitar solicitudes ante este órgano, que funcionará como un ente colegiado interministerial dependiente de la Presidencia del Gobierno. Esta estructura administrativa busca optimizar la coordinación y los procesos de toma de decisiones, permitiendo que el comité examine y valore iniciativas de inversión con el propósito de clasificarlas como estratégicas aplicando criterios públicos y objetivos.

El comité asumirá competencias que incluyen contribuir al diseño de una estrategia nacional de inversiones que potencie tanto la participación de capitales nacionales como extranjeros, además de asistir a los organismos competentes en la revisión de proyectos, considerando su repercusión en la seguridad económica, los beneficios socioeconómicos y las consideraciones ambientales. De la Rocha subrayó adicionalmente que la institución impulsará mecanismos de articulación entre distintas administraciones autonómicas y europeas orientados a acelerar la implementación de los proyectos aprobados.