Comisión de Asuntos Exteriores aprueba el Tratado de Amistad con Francia en medio de tensiones políticas

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso ha dado luz verde este miércoles a la ratificación del Tratado de Amistad con Francia, un acuerdo firmado por ambas naciones en febrero de 2023 que había enfrentado resistencia política considerable.

El PSOE, Sumar y sus socios parlamentarios —ERC, Junts, PNV, Bildu y Podemos— han respaldado la iniciativa, mientras que el Partido Popular y Vox han reiterado su rechazo al documento.

El Gobierno reactivó el proceso de ratificación en abril tras lograr un "acuerdo interpretativo" con Francia destinado a despejar dudas sobre el artículo 2.4, que ha generado las mayores controversias. Esta disposición establece que un miembro del Gobierno de cada país será invitado al Consejo de Ministros de la otra nación con una frecuencia mínima de una vez cada tres meses, alternando entre ambos.

Las preocupaciones constitucionales sobre la participación de funcionarios extranjeros en el Consejo de Ministros motivaron que los ministros de Exteriores de España y Francia acordaran una reinterpretación del artículo. Conforme a este nuevo entendimiento, las invitaciones se dirigirán hacia encuentros en los márgenes del Consejo de Ministros, mediante reuniones independientes.

El diputado socialista Pepe Mercadal explicó que esta modificación responde directamente a las inquietudes de constitucionalidad que se habían planteado. No obstante, tanto el PP como Vox cuestionan la validez de esta solución, argumentando que el acuerdo no figura de manera explícita en la documentación entregada al Parlamento ni en un intercambio formal de notas diplomáticas.

"Nada ha cambiado", afirmó el diputado popular Ricardo Tarno, expresando la posición de su grupo respecto a que persisten las dudas sobre la conformidad del tratado con la Constitución.

Tras la aprobación en comisión, el tratado será sometido a votación en el pleno del Congreso el próximo jueves 18 de mayo. El Ejecutivo requiere mantener la coalición de apoyo, particularmente la respuesta de Podemos y Junts, cuyos votos de abstención hace un año resultaron determinantes para el fracaso de la ratificación anterior.

Si la Cámara Baja lo aprueba pero el Senado —donde el PP posee mayoría absoluta— lo rechaza, el tratado deberá ser sometido a una votación definitiva en el Congreso, donde será necesaria una mayoría absoluta que dependerá nuevamente del apoyo unificado de todos los aliados gubernamentales.