España rechaza ante la UE los centros de internamiento en terceros países por dudas legales

El Ministerio del Interior de España ha comunicado formalmente su rechazo al Reglamento de Retorno que la Unión Europea tiene pendiente de aprobar, el cual contempla la instalación de centros de internamiento en países terceros. A través de una comunicación dirigida al Comité de Representantes Permanentes de la UE en Bruselas, el departamento ministerial ha expresado su enorme preocupación por las implicaciones jurídicas y las débiles salvaguardas que presenta esta propuesta.

Desde el Ministerio se ha alertado de que la medida generaría inseguridad legal, permitiendo trasladar a familias con menores a estos centros incluso sin que tengan conexión alguna con el país de destino. Asimismo, advierten sobre el potencial de litigios derivados de posibles vulneraciones del principio de no devolución, consagrado tanto en la Carta Europea de Derechos Fundamentales como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En el contexto de la puesta en marcha del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, España ha confirmado que implementará este acuerdo bajo criterios garantistas y respetuosos con los derechos de migrantes y solicitantes de protección internacional. La posición del Gobierno español, bajo la dirección del ministro Fernando Grande-Marlaska, mantiene su negativa a establecer centros de retorno en terceros países por las serias dudas que plantea su legalidad y su proporcionalidad.

Con la entrada en vigor del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, el Ministerio del Interior cesará en la concesión y renovación de autorizaciones de residencia temporal por motivos humanitarios, un mecanismo que ha beneficiado a ciudadanos venezolanos en años anteriores. En su comunicado al Comité de Representantes Permanentes, Interior cuestiona la viabilidad operativa de internamiento en territorios donde los trasladados carecen de vínculos familiares, sociales o económicos, expresando dudas sobre qué incentivo real tendría esa población para no intentar reingresar en la Unión Europea cuando sus perspectivas en un país desconocido resultan tan limitadas.

La comunicación también critica que el internamiento en estos centros pierda su carácter de medida de último recurso y que se prolongue el período de privación de libertad hasta 24 meses, con posibles extensiones sin límite temporal. Igualmente, se señala la posibilidad de detenciones sucesivas en diferentes Estados miembros sin restricción de tiempo, lo que genera inquietud respecto a si se estaría permitiendo privar de libertad a personas en situación administrativa irregular durante períodos superiores a los que cumplen delincuentes condenados por crímenes graves.