El reconocimiento oficial del catalán, euskera y gallego en la UE sigue estancado sin perspectivas de avance

El proceso para lograr la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea continúa paralizado. Desde que España presentó el tema ante el Consejo de Asuntos Generales en julio de 2025 bajo la presidencia danesa, la cuestión no ha vuelto a incluirse en las agendas de las reuniones posteriores debido a la ausencia de acuerdo entre los socios comunitarios. Fuentes de las instituciones europeas confirmaron que España no ha solicitado su incorporación en la próxima reunión que se celebrará en Luxemburgo, reconociendo que las posturas de los Estados miembros no han experimentado cambios significativos.

Varios países consultados consideran que esta materia no constituye una prioridad ante la coyuntura internacional actual, caracterizada por otros problemas de mayor envergadura para la organización comunitaria. La iniciativa española data de agosto de 2023, cuando el Gobierno la planteó como parte de un pacto con Junts destinado a respaldar un nuevo mandato presidencial. Durante el semestre en que España ejerció la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, la cuestión fue abordada en múltiples ocasiones sin lograr resultados positivos.

El requisito de unanimidad representa el principal impedimento para que estas lenguas adquieran reconocimiento oficial en el marco comunitario. En primavera de 2025, el Gobierno español sugirió que el catalán, euskera y gallego obtuvieran tal estatus a partir de 2027, mediante una aplicación gradual que limitaría las traducciones a determinados reglamentos europeos. Los argumentos españoles subrayan que estas lenguas ya cuentan con protección constitucional dentro del ordenamiento jurídico español. No obstante, varios Estados miembros mantienen su oposición, argumentando que establecer este precedente podría abrir la puerta a demandas similares de otras lenguas de carácter minoritario. Alemania, entre los países más renuentes, ha manifestado objeciones de naturaleza jurídica, planteando que una modificación de los Tratados europeos podría resultar indispensable para fundamentar legalmente la oficialidad de estas lenguas.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sostiene que veinte de los veintisiete Estados miembros no se oponen a la medida, aunque un mínimo de diez expresan reservas considerables. A pesar de los contactos bilaterales mantenidos con Alemania, las resistencias continúan siendo relevantes, con los aspectos legales como foco central de la discrepancia. Aunque las autoridades españolas han designado la oficialidad de estas lenguas como una "prioridad", otros socios europeos no adoptan esta misma perspectiva dada la complejidad del contexto internacional contemporáneo, incluyendo las crisis en Ucrania y en el Golfo Pérsico.

Paralelamente, aunque España ha manifestado su disposición a financiar la propuesta, los demás Estados solicitan que la Comisión Europea realice una evaluación de impacto, trámite que el Gobierno español aún no ha formalizado. Las preocupaciones expresadas engloban dimensiones jurídicas, presupuestarias y operativas, mientras se aguarda que los organismos europeos elaboren un informe que disipe estas dudas.