El PP denuncia estrategia del Gobierno para incrementar el electorado mediante nacionalidades

Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, ha cuestionado duramente la gestión gubernamental del proceso de nacionalización, señalando que el Ejecutivo recurre a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática —conocida como Ley de Nietos— para alterar deliberadamente la composición del censo electoral.

De acuerdo con las críticas formuladas por Ezcurra, el Gobierno busca conceder aproximadamente un millón de nacionalidades para 2027 con el propósito de asegurar su continuidad política. La dirigente del PP sostiene que esta medida representa un uso indebido de una norma que originalmente pretendía reparar agravios históricos.

Las acusaciones de manipulación electoral no son nuevas en la confrontación entre el PP y el Ejecutivo. En enero pasado, Alberto Núñez Feijóo criticó severamente un acuerdo entre el Gobierno y Podemos orientado a regularizar extraordinariamente a migrantes, generando una respuesta contundente del PSOE en ese momento.

Respecto a la Ley de Nietos, Ezcurra destaca particularmente su incidencia en los derechos electorales, puesto que faculta a los españoles residentes en el exterior para participar en todas las elecciones excepto las municipales. Desde su perspectiva, esta disposición constituye un ejemplo de "clientelismo político a través del Boletín Oficial del Estado".

Hasta la actualidad, cerca de 2,4 millones de personas han presentado solicitudes de nacionalidad española acogidas a la disposición adicional de la Ley 20/22 de Memoria Democrática. Esta norma, diseñada para beneficiar a descendientes de exiliados durante el período dictatorial, ha generado una demanda que duplica la de otros períodos históricos. Conforme a un informe presentado recientemente por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, los consulados han completado la tramitación de más de 1,2 millones de expedientes.

En un mensaje difundido a través de su cuenta en X, Ezcurra ha manifestado que la administración Sánchez no se dedica a "reparar pasados" mediante esta legislación, sino a garantizar su permanencia en el poder. Señala que apenas el 2% de los expedientes resulta rechazado y que se ha contratado a una empresa estadounidense, con un presupuesto de dos millones de euros, para asegurar que antes de 2027 se hayan otorgado un millón de nacionalidades. Ezcurra subraya que la nacionalidad española no debería funcionar como instrumento político, sino ser reconocida como "un honor" que implica derechos, responsabilidades civiles y adhesión a valores compartidos.