El Congreso de los Diputados aprobará las entregas a cuenta de 157.731 millones para comunidades autónomas

El próximo jueves 18 de junio, el Congreso de los Diputados someterá a votación un decreto ley de relevancia estratégica que moderniza el sistema de entregas a cuenta destinadas a las comunidades autónomas durante 2026. La dotación presupuestaria alcanzará 157.731 millones de euros, mientras que simultáneamente faculta a los ayuntamientos para invertir parte de sus excedentes presupuestarios en iniciativas de vivienda.

Desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado el pasado 3 de junio, el decreto se encuentra en vigor. No obstante, debe atravesar el proceso parlamentario de convalidación o derogación dentro de un plazo máximo de treinta días, trámite obligatorio en la legislación española.

Las entregas a cuenta funcionan como un mecanismo que asegura a las comunidades autónomas —excluidos los regímenes forales de País Vasco y Navarra— la percepción anticipada de los recursos que integran su correspondiente dotación del sistema de financiación autonómica. Estos fondos provienen de distintas fuentes tributarias: la tarifa autonómica del IRPF, la cesión de IVA y otros tributos.

Ante la prolongación de los Presupuestos Generales desde 2023, el Ejecutivo subraya la necesidad de actualizar estas transferencias con arreglo a las cifras actualizadas, evitando así desajustes en la tesorería de las administraciones territoriales. El Gobierno ha presentado estas actualizaciones como herramienta indispensable para dotar adecuadamente de recursos financieros a autonomías y corporaciones locales.

Según el ministro de Hacienda, Arcadi España, cuando se incorpore la previsión de liquidación correspondiente a 2024, la financiación total destinada a las comunidades autónomas en 2026 podría situarse en 170.300 millones de euros. Esta cifra implica un crecimiento del 7,7% en comparación con el ejercicio anterior.

Las entregas a cuenta para entidades locales experimentarán un incremento hasta 29.247 millones de euros, lo que supone un aumento del 8,8% respecto al año previo. Por medio de esta disposición, los municipios podrán orientar recursos procedentes de 2025 hacia inversiones en sectores como infraestructuras de saneamiento, energía, desarrollo comercial, seguridad y obras públicas, sin que estas acciones incidan en el cumplimiento de la regla de gasto.

Según informó Hacienda, más de 2.540 entidades locales resultarían beneficiadas por estas medidas, con un efecto económico estimado en 3.000 millones de euros. Adicionalmente, se contempla una disposición transitoria que permitiría a los ayuntamientos aprovechar sus remanentes para políticas de vivienda durante los próximos cuatro años.