Consejo de Europa exige a España fortalecer las indemnizaciones por despido improcedente

El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha adoptado una resolución que insta a España a modificar su marco normativo laboral, garantizando que las indemnizaciones por despido improcedente carezcan de causa de tal magnitud que resulten efectivamente disuasorias para los empresarios. La decisión se fundamenta en los pronunciamientos del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), el cual ha determinado que la estructura actual del despido en España contraviene disposiciones de la Carta Social Europea Revisada.

La iniciativa surgió a partir de una reclamación interpuesta por CCOO en noviembre de 2022, que puso de manifiesto tres incumplimientos del artículo 24.b de la Carta Social: la metodología de cálculo de indemnizaciones, el acceso a la reincorporación laboral y la insuficiente protección de trabajadores con contratos temporales suscritos de manera fraudulenta.

Tras la reforma laboral implementada en 2012, las indemnizaciones por despido improcedente se redujeron de 45 a 33 días de salario por año de antigüedad, mientras que el techo máximo disminuyó de 42 a 24 mensualidades. El Consejo de Europa demanda que España revise y ajuste esta legislación, asegurando que el cálculo de indemnizaciones incorpore una valoración del daño efectivo sufrido por el trabajador y considere los elementos particulares de cada situación.

Paralelamente, se requiere al Gobierno español que implemente acciones para facultar a los tribunales nacionales en la evaluación adecuada de la viabilidad de reincorporación al puesto, previa consulta con las partes involucradas. El organismo europeo también ha solicitado que las autoridades españolas presenten un informe pormenorizado en el próximo ciclo de seguimiento que acredite el cumplimiento de estas exigencias.