Gobierno dialoga con el sector agroalimentario sobre impacto de conflicto en Oriente Medio

El vicepresidente primero y titular de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, sostuvieron una reunión el miércoles pasado con integrantes de las industrias agroalimentaria, de fertilizantes y de alimentación animal. El encuentro tuvo como propósito examinar las consecuencias financieras que genera el conflicto en Oriente Medio.

En la sesión se analizaron las iniciativas estatales orientadas a reducir el impacto del incremento en los costos del gasóleo agrícola y pesquero, así como de los abonos. De acuerdo con información del Ministerio de Economía, la administración ha movilizado 877 millones de euros para fortalecer a estos sectores frente al encarecimiento de los elementos fundamentales para la producción agraria y pesquera.

Se prevé que el próximo 29 de junio el Consejo de Ministros en sesión ordinaria apruebe un Real Decreto-Ley con medidas para contrarrestar los efectos económicos del conflicto en Oriente Medio.

Este encuentro representó el cierre de una cadena de reuniones celebradas con los sectores industrial, gasista y petrolero, además de los segmentos de distribución y logística. En la sesión de control parlamentario, el presidente Pedro Sánchez anticipó que el nuevo Real Decreto-Ley buscará salvaguardar tanto a la base productiva como a la población, en un contexto en el que se ha anunciado un nuevo cese de hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

En marzo pasado, el Gobierno aprobó un decreto ley con beneficios fiscales para neutralizar los impactos del conflicto, que afectaron principalmente a los costos energéticos. Sin embargo, algunas de estas medidas, como la reducción del IVA en electricidad o la disminución del Impuesto Especial sobre la Electricidad, caducaron en junio tras la mejoría en la evolución de precios.

Sánchez indicó que el Gobierno mantiene conversaciones con las fuerzas parlamentarias para impulsar el nuevo decreto, esperando obtener esta vez el respaldo del PP. El proyecto será aprobado inicialmente en el Consejo de Ministros y, como corresponde a todo decreto ley, será publicado en el Boletín Oficial del Estado. Posteriormente, contará con un plazo de treinta días para ser presentado ante el Congreso, que determinará si lo convalida o lo deroga.