El Ejecutivo respalda sistemas de control ante cambios de identidad de género en establecimientos penitenciarios

El Ejecutivo ha manifestado su apoyo a los "mecanismos legales para la detección y persecución" de aquellos supuestos en los que modificaciones en la identidad de género de reclusos constituyan fraude de ley en el interior de establecimientos penitenciarios. Esta postura se formula en respuesta a una cuestión presentada por el Partido Popular respecto al caso de Joan Vila, conocido como el 'celador de Olot', quien se encuentra privado de libertad por el homicidio de once personas de edad avanzada en una residencia geriátrica.

La formación conservadora había planteado una solicitud de evaluación sobre supuestos en los que personas condenadas por ilícitos graves obtienen acceso a áreas femeninas tras iniciar procesos de transición de género. Conforme a una respuesta parlamentaria consultada por Europa Press, el Gobierno explicó que "el sexo, género o diversidad sexo-genérica constituyen únicamente una variable adicional" en la distribución de áreas carcelarias, ponderada conjuntamente con otros criterios sin ser factor determinante.

La Administración Penitenciaria se propone asegurar la protección, la integridad corporal y la privacidad de los reclusos, impulsando su reinserción social acorde con su diversidad.

El Ejecutivo subraya que otorga relevancia particular a las mujeres, considerando que su fragilidad puede intensificarse por la restricción de libertad ocasionada por la ruptura de lazos familiares, antecedentes de experiencias violentas y marginación, o rechazo social. Asimismo, alude a la Ley 4/2023 de 28 de febrero, que constituye un progreso sustancial en la salvaguarda de libertades de las personas con identidad trans, incluso en contextos carcelarios.

Se hace referencia igualmente a la Instrucción 7/2006 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias relativa a la incorporación de personas transexuales. La cooperación entre el Ministerio de Igualdad e Instituciones Penitenciarias, adscrita al Ministerio del Interior, ha suscitado interés en el Partido Popular en estos asuntos, en particular cuando un recluso inicia un proceso de cambio de sexo y experimenta un traslado a un área de mujeres.