domingo, 26 de julio de 2026

Congreso votará esta semana la transferencia de la AP-9 a Galicia

21 de junio de 2026
El Congreso debate y vota la ley que transfiere a Galicia la gestión y titularidad de la AP-9
El Congreso debate y vota la ley que transfiere a Galicia la gestión y titularidad de la AP-9

El Congreso de los Diputados someterá a votación en los próximos días una proposición de ley orgánica que traspasará a Galicia la gestión y titularidad de la autopista AP-9. La iniciativa, originaria del Parlamento gallego, ha avanzado tras un pacto alcanzado entre PSOE, BNG y Sumar que contempla tanto el control operativo como la propiedad de la vía bajo la responsabilidad de la Xunta.

El texto legislativo, fruto de las negociaciones entre las tres formaciones políticas, busca transferir a la Comunidad Autónoma de Galicia la propiedad de la AP-9 y todas las competencias vinculadas al marco legal de la concesión, así como la administración integral de la autopista. Con este propósito, se preparará una propuesta de acuerdo que será remitida a la Comisión Mixta de Transferencia, órgano encargado de fijar las condiciones y límites para el traspaso de competencias que hasta ahora ejercía la Administración Central.

El mecanismo de transferencia incluirá disposiciones específicas sobre la autorización para poner en funcionamiento nuevos tramos de la vía y realizar modificaciones en los ya operativos. Asimismo, regulará los procedimientos de vigilancia y las sanciones aplicables en la explotación de la autopista. El acuerdo también definirá los términos relativos a cambios en la estructura económico-financiera de la concesión, abarcando cuestiones como las tarifas de peaje y los programas de bonificación.

Respecto a las implicaciones presupuestarias, la Administración General del Estado mantendrá ciertos compromisos económicos y financieros inherentes a la concesión. La Xunta asumirá las obligaciones que deriven de futuras modificaciones que implemente después de recibir la transferencia. Los costos económicos adicionales que generen estas decisiones correrán íntegramente a cargo de la administración gallega.

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