La Comisión Europea mantiene la posibilidad de sancionar a España por el caso Adamuz

La Comisión Europea mantiene abierto el camino para ejercitar una acción de infracción en relación con el siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz el 18 de enero pasado, que se cobró la vida de 46 personas. Tal decisión se adoptaría únicamente si se constatasen incumplimientos de la normativa comunitaria, según comunicó el Partido Popular.

Esta postura de las instituciones de Bruselas responde a una cuestión formulada por el eurodiputado del PP Borja Giménez Larraz, quien demandó precisiones acerca de cómo se han preservado los elementos de prueba durante la investigación del suceso y sobre la posible eliminación de componentes de la infraestructura antes de culminarse los peritajes. Tales extremos han sido objeto de denuncia por parte de algunos testigos que comparecieron ante los tribunales.

Desde la Comisión Europea se ha enfatizado que la legislación de cada Estado miembro debe asegurar que los análisis de accidentes ferroviarios sean realizados de forma autónoma, ágil y en los plazos más reducidos factibles. Igualmente, ha puesto énfasis en que los organismos nacionales responsables de estas investigaciones deben funcionar de manera desvinculada de cualquier institución cuyos intereses pudieran generar conflictos con las funciones atribuidas a estos organismos.

La Directiva (UE) 2016/798, invocada por Bruselas, contempla salvaguardias concretas para quienes llevan a cabo estas investigaciones, reconociéndoles el acceso a toda información relevante y estableciendo protocolos de coordinación entre las autoridades que participan en el análisis de siniestros ferroviarios.

Aunque la Comisión Europea comunica no haber recibido documentación del organismo investigador español que indique carencias de independencia en el proceso o que la legislación española no resguarde adecuadamente los derechos de los investigadores, el PP subraya que Bruselas evita pronunciarse sobre si la sustracción de evidencias antes de que los investigadores elaborasen un listado inventarial resultaba compatible con lo exigido por la normativa comunitaria.

La Comisión recalca que velar por la adecuación de los procedimientos investigadores es responsabilidad primordial de los tribunales y autoridades locales. Sin embargo, reitera su función como defensora del cumplimiento de los Tratados y advierte que puede formalizar un procedimiento de infracción cuando corresponda.

El eurodiputado Giménez Larraz expresó que Bruselas evidencia que la vía sigue disponible y que, si emergiesen indicios de incumplimiento normativo, cabría actuar contra España. Destacó que resulta prioritario aclarar qué sucedió tras el siniestro, quién autorizó cada gestión realizada y si se mantuvieron todas las garantías necesarias para una investigación verdaderamente independiente.