Gobierno cuestiona disparidad en condenas del caso Ábalos-Aldama

Integrantes del Gobierno han cuestionado la sentencia de dos décadas y cuatro años impuesta al exministro José Luis Ábalos, argumentando que la pena resulta excesiva considerando su edad avanzada. Los funcionarios del Ejecutivo señalan que, para una persona de 66 años, esta condena equivale prácticamente a una sentencia vitalicia, ya que Ábalos tendría 82 años al cumplir los 16 años de cárcel que deberá permanecer en prisión.

La crítica gubernamental se intensifica al comparar el caso de Ábalos con el de Víctor de Aldama, identificado como el presunto "corruptor" en esta trama de corrupción. Mientras Ábalos enfrenta una condena severa, Aldama ha logrado evadir la pena de prisión a pesar de las pruebas presentadas en su contra.

Una ministra ha cuestionado que el Tribunal Supremo no haya respetado el principio de proporcionalidad en sus fallos. Desde el Gobierno advierten sobre las inconsistencias en cómo se han aplicado las penas, lo que genera desconfianza respecto a la equidad del sistema judicial.

La indignación oficial aumenta al considerar la situación financiera de Aldama. Aunque la Fiscalía Anticorrupción solicitaba una sanción de 3,7 millones de euros, el Supremo ha eximido a Aldama del pago íntegro de esta cantidad. En su lugar, solo se le exige devolver 430.000 euros en concepto de ganancias del cohecho, además de multas menores. Esto significa que Aldama conserva aproximadamente cuatro millones de euros del dinero en cuestión.

Otro miembro del Gobierno ha calificado como "inenarrable" la decisión de la corte de no exigir el pago completo de los 3,7 millones demandados. Funcionarios advierten que esta medida no solo genera un impacto político, sino que también transmite un mensaje problemático a la ciudadanía sobre el funcionamiento de la justicia.

Las disparidades evidentes en las condenas por delitos de corrupción han generado preocupación en el Ejecutivo respecto a cómo esto podría afectar la percepción pública de equidad legal. Desde el Gobierno se señala que decisiones de este tipo podrían desencadenar descontento ciudadano con repercusiones en el ámbito electoral, particularmente para el Partido Popular, al percibirse que la ley no se aplica de manera uniforme.